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INFANTA CRISTINA: UN CASO DE CORRUPCIÓN

Este miércoles, la infanta Cristina, hija del rey de España, fue imputada en la investigación por presunta corrupción abierta contra su marido, Iñaki Urdangarin, llevando al corazón de la familia real un escándalo que daña gravemente la popularidad de la monarquía española.

Subrayando su “máximo respecto por las decisiones judiciales”, la Casa Real manifestó “su sorpresa” con la decisión del magistrado, quien en marzo de 2012 había desestimado imputar a la infanta.

Rubia, afable y con imagen de princesa moderna, Cristina, de 47 años, está llamada a declarar el 27 de abril por un delito de tráfico de influencias ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, instructor del denominado “caso Nóos” que implica desde 2011 a su marido.

Sin embargo, la hija menor del rey Juan Carlos, séptima en la línea sucesoria al trono de España, podría acabar eludiendo el mal trago ya que un fiscal anticorrupción decidió recurrir la citación, argumentando “la falta absoluta de indicio de participación en hecho delictivo alguno”.

Una decisión que, según el portavoz, mereció la “absoluta conformidad” de la Casa Real.

Primer miembro de la realeza española imputado en un caso de presunta corrupción, la infanta había permanecido hasta ahora al margen de una investigación que se acercaba cada vez más peligrosamente al círculo íntimo del monarca, de 75 años, cuya imagen también se vio duramente afectada por el escándalo.

Alto y apuesto, Urdangarin, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano y ahora Duque de Palma, es sospechoso, al igual que su exsocio Diego Torres, de haber desviado millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006.

Tras su imputación, la Casa Real había multiplicado los cortafuegos, excluyendo al yerno del rey de los actos públicos y eliminando su perfil de la web oficial. El propio Juan Carlos dejó claro en su mensaje de Navidad de 2011 que “la justicia es igual para todos”.

La imputación de la hija del rey –que implica una investigación judicial que podría desembocar o no en una inculpación– tiene lugar después de que su nombre apareciese en antiguos correos electrónicos desempolvados por Torres.

Enfrentado con Urdangarin desde que comenzó la investigación, este facilitó al juez varios paquetes con decenas de comunicaciones, el último de los cuales buscaba demostrar, según la prensa, que el propio rey conocía y respaldaba los negocios de su yerno.

“A partir de la declaración de Don Diego Torres Pérez y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso (…) surgen una serie de indicios que hacen dudar que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia desconociera” los negocios de su marido en Nóos, en cuya Junta ella era vocal, consideró el juez.

Para Castro, “todo parece indicar que estaba consensuado que la única función” de la infanta “era la de una utilitarista figuración”, es decir que su presencia permitía utilizar su título real como baza en las negociaciones entre Nóos y “las empresas e instituciones públicas”.

El magistrado considera que si dicha utilización era consentida “podría ser calificado como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos” por Urdangarin y Torres, “o, cuanto menos, de complicidad”.

En una España minada por la austeridad y el desempleo, la opinión pública ya no perdona los escándalos de corrupción que salpican a los más altos símbolos del Estado. Según un sondeo de principios de enero, el apoyo a la monarquía, aunque mayoritario, cayó “a un mínimo histórico del 54%”.

Casado desde 1997 con la infanta Cristina, con quien tiene cuatro hijos, Urdangarin, había sido conminado por el rey Juan Carlos a abandonar sus negocios en Nóos y en España, y en 2009 se instaló con su familia en Washington para trabajar en Telefónica Latinoamérica.

Sin embargo, en agosto dejó temporalmente el cargo para no perjudicar al gigante español de las telecomunicaciones y regresó con su familia a España.

El rey Juan Carlos, que asumió el trono en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, tiene tres hijos: Felipe de Borbón, de 45 años, heredero de la corona, y las infantas Cristina y Elena, de 49 años.

 

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